"Revolución de las canas" llega a los países de ingreso bajo y mediano.

Publicado en el Boletín del Banco Mundial, Número 265.



________________________________________
18 de enero de 2011.- Desde la década de 1950, el menor tamaño de las familias y la mayor esperanza de vida han provocado el aumento constante de ancianos en muchas sociedades, un cambio que algunos comentaristas han denominado la ‘Revolución de las canas’.
Una vez considerado como un fenómeno exclusivo de los países ricos debido a que se originó en ingresos nacionales elevados y mejor salud personal, esta tendencia ha llegado ahora a las naciones en desarrollo y de ingreso mediano, según nuevas investigaciones del Banco Mundial. Estos últimos países están ganando terreno pero en gran parte carecen de recursos financieros para enfrentar los desafíos sociales y económicos planteados por un cambio demográfico de esta magnitud.
“El envejecimiento de la población es un problema mundial que ya afecta, o pronto lo hará, a casi todos los países del mundo, en un momento en que el respaldo familiar y otras redes de protección tradicionales se volvieron menos seguras”, asegura Daniel Cotlear, coautor de un reciente informe del Banco titulado “Some Consequences of Global Aging” (i) (pdf) (Algunas consecuencias del envejecimiento mundial) y economista principal de la Red de Desarrollo Humano del Banco Mundial.
“Lo que observamos es que muchos países en desarrollo están envejeciendo antes de alcanzar la prosperidad, al revés de la experiencia de la OCDE, y esto causa preocupación”, agrega.
La esperanza de vida aumentó 11 años
Cotlear, quien realiza otra investigación que se publicará a comienzos de 2011 y que se centra específicamente en el envejecimiento en América Latina, dice que es importante hacer un seguimiento del descenso de la natalidad y mortalidad para evaluar las consecuencias económicas de la ampliación de las poblaciones mayores.
El autor dice que tanto las tasas de esperanza de vida como las de fertilidad se modificaron drásticamente en los últimos 60 años y se esperan más cambios.
La esperanza de vida al nacer aumentó 11 años entre 1950-55 y 2005-2010 en los países más desarrollados, pero los beneficios fueron muy superiores en regiones menos desarrolladas (con excepción de los países menos desarrollados), donde la esperanza de vida aumentó 26 años y en los países menos desarrollados, donde ascendió 19,5 años. Además se prevén incrementos en las próximas décadas.
Argumentos contra una ‘bomba de tiempo’
Junto con sus coautores Andrew Mason y Ronald Lee, Cotlear argumenta en contra de la percepción común de considerar el envejecimiento de la población como una bomba de tiempo y dice que con el establecimiento de políticas inteligentes en los mercados laborales, la seguridad social, la atención a largo plazo y la salud pública, los gobiernos pueden administrar las necesidades económicas y sociales de sus sociedades que envejecen.
Este punto se amplía en otro nuevo informe de la Red de Desarrollo Humano del Banco Mundial titulado “Long-Term Care Policies for Older Populations in New EU Member States and Croatia: Challenges and Opportunities” (i) (Políticas de atención a largo plazo de las poblaciones ancianas en nuevos Estados miembros de la UE y Croacia: Desafíos y oportunidades), que muestra que los nuevos integrantes de la Unión Europea y Croacia también enfrentan el desafío que muchos países de Occidente tuvieron que encarar por años: el envejecimiento de la población ocasiona una mayor demanda de servicios de atención en el largo plazo.
El problema es doblemente difícil porque hay menos potenciales cuidadores para la atención de los ancianos, más personas dependientes y al mismo tiempo una población más pequeña en edad de trabajar debe financiar el mayor gasto público necesario para la atención de los ancianos a largo plazo.
“Al observar de qué manera abordaron este problema otros países, se hizo evidente para nosotros que no existe una única solución para todos los casos”, dice Johannes Koettl, coautor del nuevo informe y economista del equipo de Desarrollo Humano de la región de Europa y Asia central.
“Desde las redes de protección social financiadas con impuestos como Medicaid en Estados Unidos, hasta la ayuda social universal financiada con impuestos como en Austria, o las contribuciones a la protección social como en Alemania y Japón, lo que queda claro en todos los casos es que se necesita alguna cobertura pública de los riesgos”, agrega. “Basados en nuestro estudio, sugerimos que los nuevos Estados miembros de la Unión Europea y Croacia consideren un sistema universal de protección básica para todos los individuos que requieran servicios de atención en el largo plazo”.
Orientaciones para reformas de políticas
Según el informe, las experiencias de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sugieren varias indicaciones generales para futuras reformas en las políticas:
• De servicios médicos a servicios sociales: Muchas personas dependientes y sus familias acuden al sector de salud, en particular, hospitales, cuando necesitan asistencia social eficaz. La atención a largo plazo provista por el sistema sanitario puede no ser suficiente.

• Servicios basados en la comunidad: En la mayoría de los países hay una falta de atención basada en la comunidad como centros diurnos, hogares para indigentes y atención domiciliaria. Los pacientes por lo general prefieren ser atendidos en el hogar; en muchos casos, esta solución es más eficaz y menos cara.

• Más coordinación: En particular, se necesita coordinación entre los servicios sociales y de salud, donde la financiación fragmentada y la atención a largo plazo conducen a cambios en los costos entre los sectores a expensas del bienestar de los pacientes. Es clave la coordinación de la atención centrada en el paciente, en particular mediante evaluaciones conjuntas de las necesidades.

• Cambio de la producción de servicios a la compra de los mismos: Dado que es probable que la atención de los ancianos demande cada vez más actividad económica nacional durante los próximos años, el informe dice que no se debe esperar que el sector público se haga cargo por sí solo de esta responsabilidad. Este debe dar prioridad a sus servicios básicos y comprar servicios de atención a largo plazo del sector privado, incluidas las organizaciones no gubernamentales y los grupos comunitarios.

• De beneficios en especies a prestaciones en efectivo y vales: Las prestaciones en efectivo ponen a los pacientes a cargo de la compra de servicios de atención adecuados y pueden desempeñar un papel importante en el apoyo a los cuidados informales y en el estímulo de la respuesta del sector privado.

“Es fácil de asumir que el desafío de poblaciones que se reducen y envejecen en estos países creará presión sobre el Estado y las familias”, dice Sarbani Chakraborty, especialista superior en Salud del Banco y coautor del informe.
“Actuar ahora para considerar diferentes políticas y comenzar a implementarlas brinda una oportunidad para mitigar esas presiones en el largo plazo”.

PERU.POR UNA VERDADERA INCLUSION SOCIAL

Nuestra respuesta a la publicación del periodista César Campos en Expreso.

Estimado Sr. Campos:

Soy una Persona con Discapacidad. La adquirí por una secuela de Poliomielitis hace 50 años, aproximadamente. No pertenezco al grupo, que con gran entusiasmo promociona, aquel que adquirió la discapacidad en acción de armas en actos de servicio ni en misiones de paz en el exterior, pero que sin embargo, adolecemos de los mismos problemas.

Lamento mucho que su poco conocimiento del tema lo lleve a comentarios fuera de lugar.

Usted mismo lo menciona en los primeros párrafos, aunque con una pequeña aclaración: No nacemos libres e iguales. Nacemos libres y somos iguales así tengamos una discapacidad. Si este pensamiento fuese de su convicción no tendría porque dividir al grupo excluido “en personas con discapacidad civiles” y “personas con discapacidad militares y policiales”.

No hay necesidad de generar nuevas leyes ni firmar nuevos compromisos. Ya se promulgaron, Señor. Existe una Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley 27050) y sus modificatorias (Ley 28164). Se firmó la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, de nivel internacional. Más aún, se firmó una Ley de Sanciones para aquellos que no cumplen con las Leyes anteriores.

En lugar de aplaudir al Congresista Luis Gonzáles Posada, debería preguntarle porque él y su Partido no han cumplido con estas Leyes si tanto les preocupamos. Debería preguntar al Presidente de ESSALUD porque está interesado en recortar las actividades del CERP (Centro de Rehabilitación Profesional de ESSALUD) de Cangallo.

La única forma de acallar los reclamos constantes de las Personas con Discapacidad es crear una división entre ellas a través de promesas que nunca se cumplirán.

El drama de la falta de trabajo no es propiedad sólo de las personas con discapacidad militares o policiales, ni su atención médica, rehabilitación integral e inclusión a la Sociedad es un drama general de la Persona con Discapacidad. Actualmente existen más de 675,000 personas con discapacidad en búsqueda de trabajo y no lo consiguen por discriminación y estigmatización.

Usted celebra estos “pasos firmes” (cuan poco ha investigado) de Inclusión social. ¿A esto le llama pasos firmes?

Por último, le digo que ha sido larga la prédica para HUMANAR a los mismos seres humanos, salvo que Usted se refiera al Partido Humanista o al movimiento intelectual ligado al Renacimiento.

¿PERU INCLUSION?

Esto salió publicado en el diario Expreso el día 3 de Enero del 2010 y y en el blog ; Generaccion.com el día 4 de Enero del 2010

Perú: Inclusión
De mi columna Agenda Política del diairo Expreso (3 de enero de 2010)
Lunes, 03 de enero del 2011 | Autor: César Campos

Inclusión

Por César Campos

Para valorar su contexto, no hace falta vivir cerca a quienes por múltiples razones del destino tienen una discapacidad. Sin embargo, estoy seguro que casi todos somos próximos a una o más personas de tal rubro. Si no están en nuestra casa, las encontraremos en el vecindario, la escuela, la universidad, el centro de trabajo, el entorno familiar de un amigo.

Están allí, con los mismos derechos que todos pero con menos oportunidades. Ha sido larga la prédica para humanizar a los mismos seres humanos frente a sus congéneres que no gozaban de la plenitud de sus facultades físicas o mentales. Muchos de estos con habilidades superiores a quienes se creían completos, dotados o mejores.

La discapacidad era juzgada como una maldición y en ella claudicaban los principios elementales del amor al prójimo, la solidaridad y el reconocimiento a que todos nacemos libres e iguales, como lo consagró la Declaración Universal de Derechos Humanos.

En ese ámbito, quienes padecieron una discapacidad sobreviniente por razones de servicio público – hablamos de los policías y militares que actúan en defensa de la sociedad y el Estado – atravesaron un largo vía crucis escasamente conocido por la mayoría de compatriotas. Su drama no era sólo privarse de continuar en sus labores habituales, sino también el de carecer de una atención oportuna y debida en los centros hospitalarios del arma a la que pertenecían, el límite del aseguramiento social para ellos y sus familias, la clausura de su ciclo laboral porque no se les convocaba a nuevas tareas.

Y las promesas para ellos sobraron desde que volvieron de los campos de batallas contra la subversión o el narcotráfico en la década de los 80 del siglo pasado. Voluntad sobró, pero la inflexibilidad de la burocracia administradora del presupuesto nacional volvió imposible el reconocimiento a lo que ya habían entregado en provecho del país

El año 2010 se ha cerrado con la promulgación realizada por el presidente Alan García de una importante, muy importante ley que otorga protección integral en salud, educación y trabajo al personal discapacitado en acción de servicio de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

La norma – iniciativa del congresista Luis Gonzales Posada – establece el marco de protección que asegurará la atención en salud, trabajo y educación del personal discapacitado en acción de armas en acto de servicio en el combate en enfrentamientos internos e internos, elementos subversivos, narcotráfico y del crimen organizado. Asimismo, quedarán protegidos los militares y policías que queden en situación en discapacidad en misiones de paz en el exterior.

Mediante la misma, el Estado les dará atención en salud, servicio médico, biomédico, material ortopédico, prótesis, exámenes de diagnóstico, así como intervenciones quirúrgicas en establecimientos de salud de las instituciones armadas, del Ministerio de Salud, del Seguro Social de Salud e instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras.

Celebremos estos pasos firmes destinados a que la inclusión social no sea sólo un enunciado, sino una forma de vida para todos los peruanos.