Luego de más de un año, vuelvo a retomar este medio para comunicarme con ustedes.
Durante este tiempo he adquirido experiencia sobre discapacidad, teórica y práctica.
Desde mi modesto punto de vista, el avance sobre discapacidad ha sido muy lento.
El conocimiento de la discapacidad es tan informal, que sólo nos sirve de propaganda, pero de beneficio, nada.
He podido comprobar que muchas autoridades que trabajan el tema de discapacidad, en realidad, no lo conocen. Ni siquiera nuestras autoridades gremiales tienen un conocimiento razonable de la discapacidad.
Pido la contribución de las Universidades en el aporte científico y seriedad que necesita este tema.

viernes, 30 de abril de 2010

LAS "LEYES" DE DISCAPACIDAD

Cuando era niño (hace muchos años) creía que las leyes habían sido hechas para cumplirlas, pero a la vejez he empezado a dudar.
La Real Academia de la Lengua, define la palabra ley, como el “Precepto dictado por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados”.
Estas leyes contendrán las disposiciones por las cuales, los ciudadanos del país, poseerán derechos y obligaciones frente al Estado.
Tomando en cuenta estas acepciones no comprendo porque las leyes sobre discapacidad no se cumplen. Además, no sabía que existían leyes dadas por un gobierno (encargado de hacer cumplir las leyes) para castigar el incumplimiento de estas por parte del mismo gobierno. Tal vez sea que nuestros políticos se encuentran en un nivel muy avanzado respecto de los demás mortales.
El asunto es que las leyes se dan dentro del marco de la política y esta se define como “la actividad humana que tiende a gobernar o dirigir la acción del Estado en beneficio de la sociedad”. Pero también se dice que: “Es el proceso orientado ideológicamente hacia la toma de decisiones para la consecución de los objetivos de un grupo”. (ver Wikipedia).
Evidentemente, la solución a nuestra situación no se encuentra entre los objetivos del gobierno de turno, porque por un lado, no representamos una fuerza capaz de interesarles políticamente, a pesar de representar aproximadamente al 10 % de la población e involucrar, por lo menos a un 20% (esto se debe a que no estamos unidos) y por otro lado, no “representar” un grupo económicamente interesante. Lo ponemos entre comillas porque existe un estudio que menciona que el Perú pierde alrededor de 3,000 millones de dólares al año en productividad por la exclusión al trabajo de las personas con discapacidad.
Entonces, es notorio que no es cuestión de leyes, a pesar de estar de acuerdo que la vigente es malísima, sino de VOLUNTADES Y FALTA DE CONOCIMIENTO.

jueves, 29 de abril de 2010

DESDE EL CALLAO



El día 17 de Abril del presente año en una efusiva ceremonia juramentó la Primera Directiva del CONSEJO REGIONAL DE GREMIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL CALLAO.


Será presidida por la Señora Martiza Palacios.


Este es un gran ejemplo de unión que deberían seguir todas las Agrupaciones de PCD para fortalecernos y poder hacer sentir nuestros reclamos.


En la foto apreciamos la juramentación de la nueva directiva





















NOTICIAS DEL CONGRESO

El 14 de Abril, en sesión de la Comisión de Empleo que preside el Sr. Juan Carlos Eguren se presentó un Proyecto de Ley a fin de establecer una cuota laboral de la persona con discapacidad en las empresas privadas.
Esta fue desestimada por las opiniones en contra presentadas por el Ministerio de Trabajo y el CONADIS. La única opinión positiva fue presentada por la CGTP.
La base de esta negativa fue la FALTA DE FUNDAMENTACION TECNICA y su contradicción con la CONSTITUCION PERUANA.
Si bien es cierto, es necesario reconocer que este proyecto de Ley Nº 3735/2009-CR, adolece de fundamento técnica, también es cierto que quienes están obligados a elaborar las estadísticas sobre empleo de las PCD son el Ministerio de Trabajo, el INEI y el CONADIS.
Lo que sucede es que estas entidades no utilizan variables específicas para determinar nuestra terrible situación y mantenernos en la INVISIBILIDAD, de tal manera que no se puede fundamentar posición alguna ante la escasez de información.
Al no ser esta la posición de una sola entidad sino de las que deberían hacerse cargo de esto, podemos suponer que esto es política de Gobierno optando por mantener una POLITICA DE EXCLUSION SOCIAL hacia nosotros.
Algo más, el informe del Ministerio de Trabajo se opone a este proyecto aduciendo que va contra el artículo 62 de la CARTA MAGNA, que dice “Art. 62. La libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato….” (el resaltado es nuestro). Si se cumple el resaltado no habría discrepancia con la CONSTITUCION, puesto que se dice en las vacantes. No se remplaza a nadie. Aquí maliciosamente, el Ministerio de Trabajo, hace esta suposición que podría provocar animadversión de parte de la Sociedad, en general.
No podemos dejar de pasar la oportunidad para llamar la atención a la bancada del Nacionalismo quienes pudieron presentar un trabajo mejor. Un jalón de orejas para sus asesores.
No está demás decir que no se está cumpliendo con otorgar el 3% de puestos de trabajo de la Administración Pública, no por falta de capacitación de las PCD sino por discriminación o desidia de los funcionarios. A ellos y al Congresista Urtecho les pregunto: ¿Qué fue de la Ley de Sanciones?